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By Larry Daley
The report below (in Spanish) gives outlines of finances of the Basque terror group ETA in Cuba.
By Luis Bernardo de Quirós Arias
En 1996 llegó a Cuba un grupo de seis miembros de ETA desde Panamá con el objetivo de desplazar sus capitales a la Isla para comenzar a autofinanciar el entramado terrorista sin sufrir las interferencias policiales. El cierre del diario "Egin" y la posterior investigación del juez Baltasar Garzón sobre las vías de financiación de ETA desvelaron, en 1998, que había al menos una empresa en Cuba que se dedica a blanquear el dinero de los terroristas a través de exportaciones e importaciones entre la isla caribeña y el País Vasco.
En marzo de 1992, con la captura de la cúpula de ETA en Bidart, la documentación incautada a la dirección etarra incluía una serie de sociedades cuya relación con la banda criminal no pudo ser establecida. El ex dirigente de ETA Carlos Ibarguren aparecía como apoderado de Gadusmar en Cuba, una empresa con sede en Bermeo (Vizcaya) que se dedicaba a la importación y exportación de bacalao. Sin embargo, por aquel entonces esa información no sirvió para que la Policía española siguiera las pistas. Finalmente, cuando esos datos se cruzaron con otros obtenidos a partir del cierre del diario "Egin", el juez Garzón logró atar cabos y puso a Gadusmar en su punto de mira.
Esta misma empresa nombró apoderados en Cuba, en 1996, a Carlos Ibarguren y Agustín Azcarate. Alrededor de quince etarras que vivían entonces en Cuba -y siguen allí- cobraban al mes mil dólares (180.000 pesetas aproximadamente) cada uno. Quien pagaba ese dinero era, precisamente, Gadusmar. En junio de 1998, el juez Garzón envió a prisión a una decena de detenidos por su relación con la trama económica de ETA. Uno de ellos fue Juan Pablo Diéguez Gómez, administrador y responsable de Gadusmar.
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