Junta de Renovacion Nacional a los Cubanos

Organizacion Autentica

JUNTA DE RENOVACIÓN NACIONAL A LOS CUBANOS

2 de Abril 1923

La gravedad de los presentes momentos históricos de Cuba es tal, que ningún cubano consciente de sus deberes cívicos puede sentirse indiferente ante el dolor patrio, ni dejar de acudir en su alivio con todas sus facultades y en la esfera de su poder.

El descontento cunde y comprende a todos los elementos que integran nuestra Sociedad, y sólo un pequeño grupo, que vive y medra en la decadencia nacional, se mantiene empeñado en negar la intensa realidad de nuestros males, o, cuando menos, en desconocer su trascendencia, ocultándole al pueblo la horrible verdad.

La Junta Cubana de Renovación nacional estima como deber primordial de la propaganda cívica, que constituye la finalidad de su organización, exponer sin ambages ni eufemismos, cuáles son las causas del descontento nacional, o lo que es lo mismo, cuáles son los profundos males que carcomen el tronco de nuestra existencia republicana y amenazan dar con ella en tierra, arruinando así el ideal cruento de varias generaciones.

Las clases económicas y el pueblo en general no se niegan a pagar impuestos; pero consideran intolerable que el fruto de las exacciones se inviertan en atenciones no justificadas por verdaderas necesidades publicas y que sea dilapidado en atenciones fantásticas, creadas por intereses políticos, y en incesantes defraudaciones, a veces tan mal encubiertas que alcanzan los limites del más ofensivo cinismo. La opinión nacional protesta contra la nube de inspectores de presa que continuamente caen sobre el contribuyente, mas que para constreñirlo a pagos debidos, para obligarlo a cohechos y entuertos contra el Estado y las leyes; por lo que el contribuyente se ve torturado mas que por una presión tributaria y falta de equidad, por unos procedimientos de exacción inmoralmente impulsados, y por el desconsuelo de saber como gran parte de lo que en realidad paga el pueblo no llega a las arcas publicas ni sirve de provecho a la nación.

La opinión afirma su desagrado por el mantenimiento de unos aranceles contrarios a las industrias y a los verdaderos intereses cubanos, cuya reforma ha sido reiteradamente prometida por el Ejecutivo; y por la vigencia de impuestos, cuya derogación ha sido ofrecida solemnemente por los Poderes Públicos, que hoy se muestran remisos en cumplirlos.

La nación se queja de que aún no se han estabilizado nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos sobre las bases de un nuevo tratado de reciprocidad comercial, que responda a las nuevas circunstancias económicas producidas por la gran guerra.

El pueblo contribuyente a las cargas fiscales protesta contra el indisculpable abandono de las obras públicas, que ha llegado a motivar en más de una ocasión la suspensión total del tráfico en algunas carreteras centrales, aun en las proximidades de la capital de la República; y que desde hace nada menos que diez años ofrece el vergonzoso espectáculo en varias provincias, y aun en el centro de La Habana, de multitud de edificios y obras indispensables abandonados y en ruinas, como el Instituto, el Capitolio, la Cámara, la Universidad, el Malecón, etc., mientras se han otorgado ilícitamente, sin subasta y por favor político o fines de malversación de millones, un sinnúmero de contratas, no pocas imaginarias, y en gran parte recibidas, pagadas o debidas, y no realizadas, con evidente perjuicio del Tesoro de la República, de la moral popular y provecho exclusivo de altos y poderosos defraudadores.

Ni una sola gran ciudad de Cuba tiene hoy un adecuado sistema de acueducto. Se han iniciado varias obras, se han dado por completadas algunas, pero no hay suficiente agua potable en ninguna capital cubana. Hasta en la misma Habana, y aunque la recaudación del servicio de agua es cuatiosa, ésta se ha distraído siempre en fines burocráticos, y por no haberse aplicado a la ampliación del acueducto de Albear en algunas barriadas urbanas falta el agua durante horas, y a veces durante días enteros.

La protección legal a la agricultura es nula. Es más barato traer a nuestros grandes centros urbanos los productos agrarios del extranjero que los de nuestros propios campos. Y todo sistema de escuelas rurales, de enseñanzas ambulantes, de crédito agrario, de experiencia agrícola, de selección de animales y vegetales, o no existe o apenas alcanza desarrollo visible más allá de la esfera oficial.

Desde hace años se trata vanamente de que el Estado regule los promedios azucareros, fuente de tantos abusos en la manipulación del producto básico de nuestra economía nacional.

En los mercados extranjeros se falsifican sin cesar las garantías industriales del tabaco cubano, en detrimento de nuestra riqueza y trabajo, sin la oportuna defensa del Estado.

Los organismos sanitarios adolecen, como todos los demás, de excesivo burocratismo al servicio de la política: y más de una vez la opinión pública ha acusado de vergonzoso abandono en los hospitales.

La beneficencia pública es deficiente. Los mendigos pululan en todas las poblaciones. El Manicomio nacional es tenido por antro de horrores. Los Correccionales, por escuelas de vicios. Sólo en los asilos privados, aunque escasos, defienden las mujeres y los conciudadanos que los administran el prestigio de la inextinguible piedad cubana.

Esto pone especialmente de relieve el ya inexcusable apartamiento de la mujer cubana de muchas de las actividades administrativas de la nación, en las cuales su influjo director sería de regeneradora trascendencia.

La mujer jamás ha merecido la protección oficial que le es debida en todos los pueblos cultos, y precisamente la explotación por altas autoridades de la trata de blancas, y de sus desgraciadas víctimas, ha sido escándalo intermitente en nuestra vida pública, que ha puesto en dolorosa evidencia hasta donde está corroído el régimen de la política parasitaria.

El mejoramiento de las condiciones de la vida obrera ha sido desdeñado y el cumplimiento de las leyes protectoras del trabajo suele ser una ilusión.

Los Poderes Públicos han ido apartándose de las clases sociales activas y sólo simulan servir sus vitales intereses cuando creen poder armonizarlos con la captación del favor electoral.

Pero si todos esos males administrativos impiden nuestra bienandanza presente y el suave porvenir de nuestros hijos, otros hay más graves y hondos. y más tristes, donde el fracaso del presente régimen y de los hombres que lo han determinado afecta a nuestra propia vitalidad como nación y sus dolorosos caracteres son harto evidentes ya para ser ocultados todavía.

El porvenir cubano está fatalmente condenado a las negruras de la barbarie, si no reaccionamos inmediatamente con todas las energías cívicas que se mantengan vivas en la Nación. El analfabetismo entre los adolescentes crece en proporción aterradora, en más de un uno por ciento al año. En quince años ha crecido en un veinte por ciento, cuando debiéramos progresar aún con mayor premura para ponernos en una generación al nivel de otros pueblos.

Más de la mitad de los niños cubanos no van a la escuela y los que van a la escuela pública no terminan casi nunca sus estudios elementales. Ni tenemos casas escolares, ni una sola escuela primaria de adolescentes, ni maestros rurales, ni material apropiado, ni organización directora.

Si continuáramos en ese estado de decadencia escolar la próxima generación creciera tan impreparada como la que ahora llega, nuestras libertades carecerían en el futuro de su más firme sostén, el de la civilización, y Cuba vendría a ser como un gran batey de una empresa que entonces no sería nuestra, y los cubanos no podríamos ser en el suelo que un día habría sido rico y solariego fundo de nuestros padres, sino humildes oficinistas o simples cortadores de la caña ajena.

Si la instrucción primaria es deficiente, la secundaria y la superior están en ruinas, y los centros complementarios o no existen o carecen de trascendencia educativa que Cuba requiere; los Institutos, con planes inadecuados y sin orientaciones modernas, sin material ni gabinetes, sin profesorado bastante y con excesivos contactos con centros escolares privados, están acusados por la opinión pública de permitir a veces inexcusables favores académicos; y no responden ya en realidad a los requerimientos de una joven República, que necesita aspirar la civilización contemporánea a todo pulmón.

La Universidad ha mostrado no ha mucho hasta dónde llegan sus dolencias, hasta la indisciplina de profesores que no quieren o no saben cumplir sus altos deberes, y hasta la impotencia real de hacerlos cumplir, a que han llegado las autoridades universitarias y gubernativas. Y todo ello agravado por la perpetuación de unos planes de enseñanza forjados o deformados al conjuro de intereses personales; sin profesorado suficiente; sin materiales ni laboratorios, ni elementales ni de investigación; sin locales apropiados y con un régimen de admisión de estudiantes, de matrículas, de distribución de asignaturas y de lenidad de exámenes, que es fomentador del excesivo profesionalismo, uno de nuestros males peores.

Si nuestra tradicional cultura cubana está en grave riesgo de perderse por abandono de sus directores, también están resquebrajándose los cimientos de nuestra sociedad.

La administración de justicia ha perdido la trascendencia que debiera tener siempre, por el abuso de los indultos a los criminales impenitentes de toda laya, favorecidos por la política o la familiaridad con los poderosos, no siempre adusta, según la opinión pública a todas las solicitaciones.

Las prisiones de Cuba, aparte de una limpieza más o menos sostenida, no se han alejado técnicamente de la cárcel colonial, inmundo amontonamiento de delincuentes de todas clases, y a veces hasta de sexos, donde las ideas de mejoramiento moral no tienen entrada, donde la ociosidad pudre y la convivencia contamina, y donde a menudo la autoridad explota y veja. Jamás los Gobiernos han hecho nada práctico para borrar de Cuba esa gran vergüenza medioeval, y el pueblo, que conoce la ineficacia de las prisiones y observa en ellas la ausencia de los más grandes criminales de Cuba, halla un nuevo estímulo para perder su necesaria fe en la justicia.

La justicia va dejando de ser el firme baluarte de toda sociedad republicana, aquí donde a pesar de sueldos deficientes y muy escasos estímulos, no faltan Magistrados probos y cultísimos.

En el nombramiento de Jueces y Magistrados intervienen con culpable exceso los intereses políticos, y, con triste postergación de funcionarios íntegros y capaces, han sido elevados a las más altas magistraturas nacionales letrados de actividades torcidas por las pasiones de la política o de prestigio profesional no bien consolidado en el foro; y este factor disolvente actúa desde el Tribunal Supremo hasta la última categoría judicial.

La corrupción, que ha cundido por todas las esferas administrativas, no ha perdonado la administración de justicia y con desconsoladora frecuencia, la lucha del foro, más que abierto torneo de criterios jurídicos, es tenebrosa emboscada de cohecho.

El Ministerio Público se ha significado por su ineficacia en la persecución de los más grandes criminales, y su organización dependiente del Poder Ejecutivo lo ha ido llevando a desviar su acción, cuando ha encontrado a su paso delincuentes gubernativos o políticos, y, en general, a una gran lenidad en el ejercicio de sus altas y nobles funciones.

Esta ineficacia creciente de las instituciones judiciales se agrava por la vigencia de leyes de procedimiento anacrónicas, de trámites dilatorios, de preceptos formulistas, de excesiva letra y raquítico espíritu, que nos dan a veces una aparente justicia exclusivamente legalista basada en el literal cumplimiento de la ley y en realidad contraria a toda real equidad y fundamental derecho.

Y es tal la ineficacia de los procedimientos y prácticas judiciales que todos saben ya cuán difícil, si no imposible, es obtener hoy día la sanción de un derecho civil o mercantil contra las argucias de la malicia, y cuán poco en realidad puede garantizar ese decadente sistema de leyes y tribunales el imperio de la Justicia en la vida civil, en la contratación cada vez más intensa y compleja de los tiempos modernos y en el indispensable desarrollo y consolidación del crédito cubano en la Nación y fuera de ella.

El Ejército, que cuenta con nobles y capacitados elementos para ser legítimo orgullo cubano, ha sido sacudido desde lo alto por insanas ambiciones antipatrióticas, y ha tenido que sufrir una organización excesivamente compleja e inadecuada a las necesidades nacionales; y al refundirse los servicios realmente militares de las fuerzas públicas, con los de la policía, se ha obstruccionado la indispensable especialización del personal, con evidente ineficacia de la vigilancia de los campos y desnaturalización de las altas funciones del militar.

Ante estas tristezas de trascendencia incalculable, el Poder Legislativo ha dormitado casi siempre al arrullo de intereses políticos privados, y esperando unas veces las iniciativas del Ejecutivo y desoyéndolas en numerosos casos, ha demostrado una debilidad funcional, tanto más peligrosa cuanto el Congreso debe ser a la vez cerebro y corazón de la patria y sin una vigorosa vitalidad en esos órganos viscerales los pueblos languidecen y llegan a morir.

Casi ninguna de nuestras leyes orgánicas ha sido votada por el Congreso. De la treintena de leyes complementarias de la Constitución, que esta propia carta fundamental exige, sólo seis, de menor importancia, se deben al Congreso; y leyes como la de Orden Público, que fue arma favorita de los Capitanes Generales del régimen absolutista, aún sigue en vigor.

Ni un solo código fundamental ha merecido del Congreso su atención para su reforma. El Código Penal aún contiene preceptos esclavistas. El Código Mercantil ignora las importantes instituciones y prácticas de la contratación comercial surgidas en este último medio siglo. El Código Civil nos regula el contrato gallego de los foros y el catalán de la rabasa morta, y no da regla para el contrato cubanísimo de colonia de caña.

La ley del presupuesto de los ingresos y gastos públicos jamás ha sido discutida a fondo en ambas ramas colegisladoras; y en la mayor parte de las ocasiones anuales ni siquiera se ha llegado al debate, como si fuera cosa baladí, ésta que ha sido la razón fundamental de existencia de los parlamentos. Y el Congreso, no comprendiendo así su básica función constitucional de órgano regulador de los impuestos y de las erogaciones públicas, se ha abandonado a menudo a una desenfrenada actividad legislativa otorgadora de créditos fabulosos, fuera de todo cálculo hacendístico y de la más elemental previsión económica; y, así, la funcionalidad constitucional de nuestra hacienda pública ha sido una constante ficción, más o menos disimulada según las prosperidades y estrecheces del país, y los escrúpulos o desenfados de los Gobiernos. Contra este efectivo y ya inveterado abandono de los deberes constitucionales, protesta el pueblo, que quiere controlar legalmente el destino de los impuestos que se le exaccionan.

En estos últimos años la desconexión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha sido permanente. El Ejecutivo ha pedido una reforma constitucional que evite la repetición de dolorosas caídas cívicas, y el Congreso no la ha facilitado. Ha pedido aquél intensas reformas electorales que restrinjan los fraudes y las violencias, y el Congreso ha respondido con leyes de retroceso, que el Ejecutivo a su vez no ha querido evitar. Ha demandado el Ejecutivo desde hace dos años una legislación bancaria que evite la impunidad de las defraudaciones de los banqueros y pueda elevar de nuevo el crédito cubano, y el Congreso no ha realizado su votación. El Ejecutivo ha reiterado su petición de nuevos aranceles, y hasta ha remitido al Congreso un anteproyecto total, y el Congreso no ha logrado sacar el problema fuera de la esterilidad de las Comisiones. Pide el Ejecutivo que se legisle sobre el régimen de los ferrocarriles para abaratar los transportes y la vida, y el Congreso no pasa ninguna ley a ese fin. Se pide en 1921 la urgente reforma de Códigos y Leyes básicas, y nada se ha logrado aún. Desde el Mensaje de 15 de Marzo de 1992 se solicita la sustitución del impuesto del cuatro por ciento por otro nuevo, y éste se crea por ley, pero no se deroga el anterior. El ejecutivo pide en igual mensaje la reorganización militar y el Congreso nada responde. Pide aquel Poder, desde 1913, una legislación preventivo represiva de la trata de blancas, y el Congreso sigue desatento. Y así han ido siendo desoídas casi todas las peticiones presidenciales, aun las más antinadas y apremiantes para el bien de Cuba.

El Congreso y el Ejecutivo, en cambio, han pasado más de cuatrocientas leyes de pensiones y donativos, y más de doscientas cincuenta leyes de obras públicas, que habrían bastado, si se hubiesen podido y querido cumplir, para cruzar de carreteras toda la isla, sembrar de escuelas sus campos y ciudades y dotar de bellos edificios a todos los departamentos de la administración.

Y ambos poderes mantienen intacto el corruptor y fracasado sistema de las colecturías como órgano de la renta de lotería, a pesar de que la opinión nacional unánimemente lo considera uno de los mayores antros de la corrupción oficial.

Y el Congreso y Ejecutivo han concedido, de acuerdo, diez y seis amnistías, en las cuales, fuera de los pocos casos justificables de delincuencia política, han comprendido criminales de la peor especie, no pocos de los cuales han podido así ocupar puestos públicos.

Y el Congreso, en fin, ha denegado el procedimiento judicial para casi todos los miembros de su seno acusados por delitos comunes, convirtiendo la noble inmunidad parlamentaria contra el tirano en una efectiva impunidad de privilegio contra la justicia, que para todos debe ser igual, con ejemplo demoledor para una democracia igualitaria.

Y así, por actos del Gobierno, del Congreso y de los Tribunales, ha ido formándose en nuestro pueblo la triste cuanto arraigada convicción de que en Cuba no hay sanción para los crímenes y delitos, y que las exigencias de la moral, de la religión y de las leyes no rezan para los altos políticos ni para sus insignificantes protegidos, con evidente y fatal debilitamiento de la fe popular en las instituciones republicanas de nuestra patria, puestas con sobrada frecuencia al servicio incondicional de un puñado de malvados y no al servicio de los verdaderos intereses del pueblo cubano y de la Nación.

Poco a poco ha ido formándose también la convicción popular de que la Constitución es un convencionalismo más, que se acata cuando no estorba, y se burla cuando molesta a los caprichos malsanos y egoísmos irrefrenables de los ponderosos.

La serie de casos de inconstitucionalidad gubernativa es numerosa y contribuye a enseñar al pueblo a no respetar las leyes. Últimamente las reiteradas infracciones de la Constitución han causado hondo malestar. Una ley de 1921 creados necesarios Juzgados de Primera Instancia en La Habana para atenuar la congestión procesal, y el Ejecutivo, después de promulgada, suspende la vigencia de la Ley, y aún no funcionan esos Juzgados. Otra ley concede a un sanatorio privado una parcela de terreno propiedad del Estado y el Ejecutivo, por su personalísimo deseo, entrega por ilegal decreto a la piadosa institución otro terreno distinto, donde se está ya fabricando sin lícita autorización.

Se promulga por el Ejecutivo una ley votada por el Congreso, creando un impuesto sobre las entradas brutas, y poco después el Ejecutivo, por Decreto, suspende su aplicación a determinados intereses extranjeros so pretexto de oscuridad en el texto legal. Cree el Ejecutivo que hacen falta locales para oficinas públicas, y por un simple decreto dispone de una ingente suma del Tesoro Público para compra de un edificio que vale la mitad y compromete al Estado a una deuda de amortización por plazos anuales, cuando se carece de todo y la deuda pública crece sin cesar.

Y si va cundiendo el descreimiento en la santidad de las leyes y en la seguridad de su sanción, garantía básica de toda sociedad; y si se ha perdido la fe en la intangibilidad de la Constitución del Estado, también va dudando nuestro pueblo, y esto sea acaso de mayor trascendencia todavía, de si la indispensable renovación política nacional podrá venir por las vías del presente sistema de sufragio, porque las leyes electorales y sus procedimientos están controlados por los más interesados en impedir la reconstrucción cubana, si ésta ha de venir privándoles a ellos del disfrute de ventajas políticas en el Poder o en la oposición complaciente; mientras contempla el sano pueblo entristecido el espectáculo de las últimas elecciones parciales, cuando más de la quinta parte de la totalidad de los candidatos postulados tenían antecedentes penales definidos por fallo judicial ejecutorio.

Las contiendas electorales se han convertido en sucesivos golpes de Estado cuando son presidenciales, o en simples juegos de intrigas y astucias personales cuando son sólo renovadoras del Congreso y demás órganos electivos de la administración. La periódica reorganización de los Partidos Políticos fue prohibida por la ley de 2 de Enero de 1922, que cual otro golpe de Estado, privó al pueblo de un derecho de controlar las postulaciones de candidatos, dejándolas en las manos de Asambleas políticas integradas por los mismos que iban a ser cesantes; y así, uno de los principios de toda democracia, el de la libre renovación de los poderes, garantizado por el Código Electoral, fue burlado a su conveniencia por el Congreso, como lo fue antes por el Ejecutivo cuando a él le plugo.

El Código Electoral privó a los Congresistas, Consejeros y Concejales del voto en las respectivas Asambleas políticas, y otra ley del Congreso les ha devuelto el voto a sus propios miembros, continuándose así el predominio político de los mismos que están llevando a la Patria al desastre, y falseándose de nuevo la democrática y necesaria renovación de los Poderes por obra exclusiva de la voluntad popular.

¡Cubanos! Este es el cuadro, a perfiles y brochazos, de nuestro sombrío presente. El cuadro es bien triste, pero es verdad. Mostrarlo es doloroso, pero es una inaplazable necesidad. Ocultarlo sería fácil, acaso cómodo, pero engañar al pueblo es siempre vileza; y hoy sería, además, una inexcusable cobardía.

Cuba no debe esperar su verdadera y definitiva salvación sino de los vigores y virtud de su propio pueblo, y si éste es el que ha de imponer su soberana voluntad, regeneradora de nuestros males, hay que decirle la verdad, toda ella, por cruel que sea. Mentirle ahora, en este terrible trance que llena la patria cubana de zozobras y de angustias, sería un crimen, que sólo habría de aprovechar a los que del engaño público hacen medro propio.

De nuestros males no puede ser culpado tan sólo el presente Gobierno, aun cuando ha incurrido en bien graves e inexcusables responsabilidades personales e históricas. Los males patrios han nacido de hondas raigambres coloniales, aún no extirpadas, y han crecido por la acción incivil de varios gobiernos, nacionales y extranjeros, al amparo de los cuales se ha venido formando un régimen de parasitismo político, ineficiente por su incultura, podrido por su carácter, transigente con todas las delincuencias, comensal de todas las malversaciones, despilfarrador sin freno del Tesoro público e incapaz, por imprevisión demente, de someter los humanos egoísmos a los límites que a todos los pueblos y muy en especial al de Cuba, les imponen de consumo la civilización y la interdependencia de las modernas relaciones mundiales.

No son tampoco los Gobiernos y los políticos los únicos culpables de un tan pavoroso presente, que culpas muy ciertas pesan sobre todos los cubanos, y aun sobre no escasos extranjeros, que unos y otros, al conjuro de egoísmos inconsultos, no siempre hemos antepuesto los intereses de Cuba a los privados, y todos, en más o en menos, no hemos sido bastante fuertes y cívicos para resistir siempre las solicitaciones insanas y para impedir que la Patria haya rodado de caída en caída hasta el borde de un desesperado suicidio.

Pero los muy visibles errores y abdicaciones de los elementos detentadores de los Poderes Públicos han creado en ciertos ambientes la sensación tristísima de que en Cuba todo está envilecido y de que nuestro pueblo no cuenta ya con elementos propios para regenerarse. Y contra esta opinión, que va propagándose con peligrosa rapidez, dentro aun fuera del suelo nativo, debemos reaccionar todos los cubanos conscientes, desde el Poder o bajo de él, dentro y fuera de los partidos, en las corporaciones culturales y económicas, en las escuelas, en los templos, en las fábricas y en los hogares, donde quiera que haya un alma cubana que sienta los bochornos patrios y experimente santa indignación ante las terribles consecuencias que en el porvenir habrá de traernos este intolerable estado de degeneración pública.

El pueblo no se satisface ya con palabras y eufemismos de fácil retórica. Pide la renovación total de nuestra vida pública. El cubano, cuyo hogar es ejemplo de virtudes privadas, clama porque la vida republicana sea igualmente digna de su honor y de los sacrificios que costó su conquista; y está dispuesto a conquistarla de nuevo, tantas veces cuantas fueren menester, que ésta es la condición que asegura la libertad de una república.

El pueblo cubano quiere ser igualmente libre, así de los extranjeros que arriarían su bandera, como de los nacionales que la envilecen y acabarían por hundirla. Quiere que Cuba sea libre, muy libre, así de los malos extraños, como de los malos compatriotas, y porque sabe que la continuación de la iniquidad interna habría de llevarnos forzosamente a caer en la iniquidad extranjera, quiere que cese el actual estado, precursor de una irreparable disolución nacional, como paso firme e indispensable pare asegurar la independencia patria y afianzarla por siempre en el porvenir.

La conciencia nacional de Cuba, que conserva vigores insospechados por quienes hacen de ella escarnio, reclama de los cubanos que representan hoy los Poderes Públicos, la renovación de los sentimientos directores de la vida política cubana, saturándolos de nuevo con sincero patriotismo; la renovación de los procedimientos gubernativos, devolviéndoles la eficacia perdida y el decoro a veces olvidado; la renovación a toda prisa de nuestras instituciones educacionales para salvar a los cubanitos de hoy de un mañana de barbarie; la renovación de las instituciones judiciales, dándoles modernidad en sus procedimientos y garantía en sus hombres: la renovación de los institutos guardianes del orden, dotándoles a la injusticia triunfante, nuestro modo de acción futura. de organización eficiente y técnicamente preparada para la perfecta realización de sus altas funciones sociales; la renovación del régimen fiscal, readaptándolo a las nuevas condiciones económicas del país; la renovación de un personal corrompido que es insignificante minoría, pero que basta para deshonrar con sus impunidades agresivas toda una administración; la renovación, en fin, del viejo ideal cubano, hoy caído y mancillado; la renovación del apostolado de Martí hoy enaltecido a flor de labio, pero traicionado en la insensatez de la conducta.

Los cubanos, en fin, queremos una vida republicana, nuevas ideas públicas, nuevas prácticas gubernamentales, nuevas orientaciones legislativas, nuevas escuelas, nuevas riquezas, nuevos códigos, en fin, un nuevo espíritu cívico que avive como fuego purificador las energías del pueblo cubano, para consolidar la República y terminar la obra de la revolución libertadora, dándole a Cuba un gobierno realmente democrático y libre, defendido por una vigorosa civilización nacional y una resistente probidad política.

Los que suscribimos, en representación de la Junta Cubana de Renovación nacional, que se hace intérprete del profundo descontento y de las rectas aspiraciones del pueblo de Cuba, pedimos hoy a los Poderes republicanos el esfuerzo y el sacrificio necesarios para evitar el definitivo abatimiento del ideal; y lo imploramos de rodillas, como cubanos que por Cuba piden a otros cubanos.

Mañana lo pediremos al pueblo, que también es cubano y que está decidido a no dejar de serlo.

Habana, 2 de Abril de 1923.

Fernando Ortiz, Presidente de la Junta Cubana de Renovación nacional. Mario Macbeath, Ramiro Guerra, Pilar Morlón de Menéndez, Tomás Fernández Boada, Pedro Pablo Kohly, José Eliseo Cartaya, Lisandro Otero, Tomás Salaya, José Primelles, Aurelio Portuondo, Luis Morales, Lisardo Muñoz Sañudo, José Varela Zequeira, Juan Carlos Andreu, Diego Tamayo, Pedro Martínez Inclán, Fernando Figueredo y Socarrás, Raúl de Cárdenas, Felipe Pazos, Ricardo Uribarri, Conrado W. Massaguer, Jorge Mañach, Gabriel García Galán, Arturo Montori, Jacinto Pedroso, Enrique Berenguer, Gonzalo Freire de Andrade, Ramón Grau San Martín, Oscar Barceló, Manuel Dorta Duque, Ramiro Cabrera, Pío Arturo Frías, Julio Blanco Forcade, Julio Blanco Herrera, Carlos M. de Alzugaray, Emilio Roig Leuchsenring, Hortensia Lamar, Luciano R. Martínez, Pilar Jorge de Tella, Rafael Fernández, Aurelio Miranda, José Beltrons, Salvador Brito, Tomas Gutiérrez Alea, Eusebio L. Dardet, Amelia Solberg de Hutchinson, Guillermina Portela, Eudaldo Romagosa, Nicolás Pérez Raventós, Julio Villoldo, Ricardo Sarabaza

(Siguen las firmas.)

FIN

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